Recuerda:
Que el 30 de julio de cada año se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, cuyo objetivo es crear conciencia en los gobiernos y en la población en general sobre los graves alcances de este delito a nivel mundial.
Que en Guatemala una alta proporción de niñas, adolescentes y mujeres adultas identificadas como víctimas de trata de personas, alude a una violencia de género estructural que se refleja, además, en las dinámicas de movilidad humana, en las que por lo general están más expuestas que los niños, adolescentes y hombres adultos, a ser víctimas de diversos tipos de violencia sexual y trata.
Expresa:
Que la complejidad y emergencia que ha adquirido este delito en contextos de altos flujos migratorios irregulares, convulsiones políticas y sociales, incremento de la delincuencia organizada en los territorios de desplazamiento, además de los impactos adversos de fenómenos naturales, hace indispensable desplegar un esfuerzo integral y estrechamente colaborativo entre gobiernos, organismos multilaterales y las sociedades.
Que, como ejercicio del derecho a la libre circulación, se debe garantiza la movilidad humana de forma segura y ordenada, por lo que es necesario actuar cuando este derecho es vulnerado.
Que en Guatemala se han normalizado los desplazamientos como una decisión personal o de comunidades y grupos familiares, pero el Estado no tiene una política que garantice la seguridad y protección de las personas, considerando que los riesgos y amenazas a la movilidad afectan de manera diferenciada a niñas, niños, adolescentes, mujeres adultas, personas LGBTIQ+ y poblaciones indígenas.
Recomienda:
Al Estado de Guatemala desplegar una política integral y de cooperación internacional en la lucha contra el delito de trata de personas, considerando la relación entre trata de personas, violencia de género y desplazamientos forzados. Asumir con responsabilidad las acciones de prevención, investigación y sanción contra todos los responsables de la llamada "esclavitud del siglo XXI", y atender, proteger y restituir los derechos de las víctimas.
Guatemala, 30 de julio de 2022